Chihuahua.- La comisión nacional de derechos humanos hizo pública hoy la resolución que turnó al gobernador Javier Corral sobre una denuncia que presentó un ciudadano ante la comisión estatal de derechos humanos por la violación a sus derechos por parte de elementos de vialidad, hechos suscitados el 20 de junio de 2016.

Según reza la misiva dirigida a Corral, el ciudadano identificado como R., para proteger su identidad, en ese entonces de 59 años de edad, el cual cuenta con una discapacidad en el pie izquierdo, denunció que ese día había sido víctima de burlas, golpes y humillaciones por parte de los elementos de la policía vial.

El quejoso señaló que en el día antes citado, alrededor de la 1 de la madrugada, él y su sobrino empujaban un auto por falta de combustible, en el cruce de las calle 14 y Niños Héroes, cuando agentes de la mencionada corporación los interceptaron y, alegando que “se habían pasado la luz roja” y que se encontraban bajo los influjos del alcohol, los tres oficiales que se habían dado cita en la intersección los habían jaloneado, los sometieron por la fuerza y fueron golpeados y aventados contra la pared, a la par de emitir burlas y majaderías en su contra.

Después de esto, fue abordado y bajado de una patrulla en varias ocasiones mientras que una grúa retiró su automóvil, a la par de la llegada de más elementos de la corporación.

El ciudadano R., supuso que las vejaciones de las que habían sido víctimas fueron en represalia porque dos días antes entabló una discusión con otro elemento de vialidad, al cual grabó con su celular por tener “actitudes intimidantes hacia un ciudadano”.

Ante toda la situación el ciudadano quejoso interpuso una denuncia en la fiscalía general del estado el 21 de junio de 2016, por las lesiones provocadas por los elementos de vialidad.

Debido a esto, la comisión estatal de seguridad emitió una recomendación a la fiscalía el 5 de diciembre de 2016, en donde pidió que se investigara el hecho reclamado por el quejoso y, en su caso, imponer las sanciones que correspondieran, además de efectuar la reparación del daño.

La fiscalía general del estado contestó el 24 de enero de 2017 la recomendación de la Cedh y negó las acusaciones que fueron hechas a los agentes, haciendo caso omiso a la recomendación del órgano, alegando un “estricto apego a la normatividad aplicable” y que el uso de la fuerza estaba “debidamente acreditado que no correspondía a una conducta violatoria de derechos humanos”.

El ciudadano afectado interpuso un escrito de inconformidad por la no aceptación de la recomendación por parte de la fiscalía, por lo que la Cedh turnó a la comisión nacional de derechos humanos la queja, misma que verificó y tomó por válida la denuncia interpuesta por el ciudadano R., por lo que pidió a la fiscalía general del estado y al gobernador Javier Corral, que se haga una integral reparación del daño ocasionado por los funcionarios públicos a la víctima.

Además de ello, se pide a la fiscalía que se impartan, en un máximo de 6 meses, a aquellos encargados de hacer cumplir la ley, cursos de capacitación y formación en materia de derechos de las personas con discapacidad, acatamiento de las disposiciones jurídicas vinculadas con los procedimientos de detención, estándares sobre el despliegue del uso de la fuerza, que incluyan aquellos específicos cuando este se desarrolla frente a personas con discapacidad y sobre el funcionamiento del sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos, con énfasis en la importancia de la aceptación de las recomendaciones emitidas por este tipo de órgano, remitiendo a la comisión nacional las constancias que acrediten el cumplimiento de los cursos.

En caso de que la fiscalía se niegue de nueva cuenta a aceptar las recomendaciones de la institución, la comisión nacional de derechos humanos hizo constar en la misiva que “podrá solicitar al congreso estatal, así como a las legislaturas de las entidades federativas que requieran su comparecencia, a efecto de que justifiquen las razones de su negativa”.