La Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Rosa Isela Gaytán Díaz, afirmó que el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo doméstico y personal, debe de garantizado por el Estado de manera pública y sin fines de lucro.
Estas acciones fueron presentadas ante el pleno del Congreso del Estado a fin de modificar el Párrafo Tercero del Artículo 1 y adicionar a la Fracción V del Artículo 6 un Segundo Párrafo, ambos de la Ley del Agua del Estado de Chihuahua, a la que se sumaron los diputados de Morena: Janet Francis Mendoza Berber, Gustavo De la Rosa Hickerson, Benjamín Carrera Chávez, Francisco Humberto Chávez Herrera y el GPPES.
“El Estado Mexicano es el encargado de garantizar que los gobernados tengan acceso al agua de manera suficiente, salubre, aceptable y asequible; esto es menester de los tres niveles de gobierno y no de los particulares que buscan un lucro por la explotación, administración y comercialización del agua potable y de los servicios conexos”, determinó la legisladora priista.
Detalló que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, párrafo sexto, reconoce el derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal o doméstico, y exhorta a los estados y organizaciones a que proporcionen recursos financieros, a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso económico al agua.
“Hace unos días, la fracción parlamentaria de Morena en el Senado de la República, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales para evitar cualquier proceso encaminado directa o indirectamente a la privatización del servicio de agua potable y su saneamiento, y tomando en cuenta el suministro de dicho servicio se encuentra establecido en un sistema nacional”, refirió.
En este sentido, con un marco jurídico federal y con leyes locales, dijo que es prioritario que se replique en todas las entidades federativas, pues precisamente por el aprecio social del acceso al agua, es proclive a su comercialización, fuera de los fines que la constitución federal ha delineado, lo que provoca abusos del Estado.
“Precisamente con el decreto NO. LXV/AUPIP/0881/2018 XVIII P.E., se autorizó a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua a celebrar un contrato de inversión pública a largo plazo, en el que se violenta el espíritu del constituyente permanente y por el que no descartamos la posibilidad de plantear una controversia constitucional al respecto”, concretó Gaytán Díaz.
La Coordinadora de la Bancada del PRI, recalcó que el servicio del agua debe de ser público, así como su saneamiento por parte del Estado y si bien es cierto, en el Artículo 18 de la Ley del Agua del Estado de Chihuahua, menciona dicha situación.
“La JMAS de Chihuahua no está facultada para celebrar los contratos de inversión pública a largo plazo por prohibición expresa del Artículo 5 de la Ley de Proyectos de Inversión Pública a Largo Plazo del Estado, por lo que debe ser la misma Junta la que debe de brindar el servicio y en el modelo que se planteó en dicho proyecto, se entrega a un particular el servicio de tratamiento de aguas residuales”, apuntó.
Por último, dijo que al ser presentado dicho proyecto por parte de la LXV Legislatura, el que se votó en contra por parte de la anterior Coordinadora del GPPRI, la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con precedentes para dar reversa a la aprobación del mismo dado a que al considerarlo de urgente resolución, las fuerzas políticas no pudieron conocerlo y violenta el principio de representatividad democrática.