*Y sanción penal para quien provoque desabasto de medicinas

El diputado priista Omar Bazán presentará iniciativa para que el gobernador entregue al Congreso un plan anual en el renglón de salud, así como sanciones penales a quien provoque desabasto de medicinas.

El plan estatal anual deberá privilegiar el abasto de insumos y medicamentos así como implementar  un sistema para su seguimiento y evaluación.

Asimismo propone sanciones penales para aquellos que teniendo un empleo, cargo o comisión en los establecimientos del sector salud a cargo del Gobierno del Estado con facultades de decisión para la adquisición de insumos y medicamentos hospitalarios, fomente o propicie de cualquier forma su desabasto.

Lo anterior,  explicó el también dirigente estatal del PRI,  a través de una iniciativa con Carácter  de Decreto, que  reforme y adicione los artículos 197 y 253 del Código Penal del Estado de Chihuahua y adicionar los artículos 36 bis y 36 ter, a la Ley Estatal de Salud.

La falta de medicinas en los hospitales de Chihuahua limita las opciones terapéuticas de los médicos, pone en riesgo la salud de los chihuahuenses e impone a los usuarios y a sus familias cargas financieras que pueden llegar a ser catastróficas, pues en este gobierno se han dedicado a desmantelar los servicios de salud, recortes de personal especializado que ha mermado la capacidad instalada de atención, todo lo cual ha generado insatisfacción y pérdida de confianza en los servicios de salud del Estado, explicó.

Sostiene Omar Bazán que la insuficiencia de medicamentos en las unidades públicas de salud, además de dificultar la adecuada atención de los pacientes, obliga a los usuarios de dichas unidades a realizar gastos de bolsillo que pueden llegar a ser excesivos.

Es por ello que el gobernador debe contar con un plan de abastecimiento y un sistema que de seguimiento puntual  y vigile que por omisiones,  negligencias o corrupción de servidores públicos, se incurra en desabasto que afecte a los usuarios gravemente como sucede actualmente.

Es necesario hacer esfuerzos adicionales para mejorar el abasto de medicamentos y el surtimiento completo de recetas en los hospitales del sector Salud a cargo del Estado.

La situación es particularmente crítica pues además del gasto adicional, a los pacientes se le está orillando a posponer o suspender el tratamiento con afectación directa a su salud, lo cual debe ser considerado como un delito, indicó el legislador.