Por unanimidad de 106 votos, el Senado de la República le corrigió la plana a la Cámara de Diputados y desapareció la obligación de las legislaturas locales de acatar las declaraciones de desafuero que emita la Cámara de Diputados y con ello, se destrabó la aprobación de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia.

“… De haberse aprobado en los términos de la colegisladora se corría el riesgo de que estos procedimientos pudieran ser usados con propósitos políticos, ajenos a los de su objeto constitucional. En el caso del enjuiciamiento por responsabilidad penal del Presidente de la República se abría también la posibilidad de un escenario de crisis política, poniendo en riesgo la estabilidad de nuestro país, y finalmente, era seguro que el destino del decreto en los términos del dictamen original habría sido la impugnación ante la Suprema Corte…”Claudia Ruiz Massieu, Senadora del PRI.

Con las modificaciones al dictamen se mantiene la protección de los mandatarios estatales cuando sean sometidos a juicio de desafuero como fue el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Tomado de: Unotv.com