Ciudad de México .- Tras las declaraciones del secretario general de gobierno del estado de Chihuahua, César Jauregui Robles, sobre la figura y atribuciones de los delegados del nuevo gobierno federal, el senador por Morena Cruz Pérez Cuéllar, aclaró que esta figura recién aprobada no le quita atribuciones al estado y que traerán más beneficios para Chihuahua.

El senador chihuahuense manifestó que el anuncio y presentación de los 32 coordinadores estatales del próximo gobierno federal ha generado una serie de comentarios y planteamientos que es necesario aclarar.

Desmintió los señalamientos de que, el concentrar en un solo funcionario la totalidad de las dependencias y organismos federales que actúan en una entidad federativa, se crea un poder paralelo al del gobernador, un poder dual, lo cual está prohibido en la Constitución.

En ese sentido destacó que se trata de una apreciación falsa, ya que los nombramientos de los próximos coordinadores estatales son netamente administrativos, derivados de las facultades que la ley otorga al jefe del Ejecutivo federal para designar a sus representantes ante los integrantes del pacto federal.

Dijo que un delegado federal no tiene ni el peso, ni la jerarquía, ni la responsabilidad constitucional que corresponde a una autoridad política popularmente electa, como es un gobernador. Recordemos que, así como el presidente de la República tiene la facultad de nombrar a un delegado de la Federación en los estados, así los gobernadores tienen la atribución de designar a un representante del estado ante la Federación.

En la Ciudad de México operan 31 representantes de los estados ante el gobierno federal y nadie los considera “superrepresentantes” o “supergobernadores”.

De la misma manera, mencionó que los “superdelegados” no llegarán con el próximo cambio de gobierno, sino que ya existen en la actualidad como lo son los representantes estatales del IMSS y la PGR, que devengan sueldos superiores a los de varios gobernadores y al del mismo presidente de la República.

En relación a la crítica de que esta figura será antesala de candidaturas políticas, aclaró que en su calidad de funcionarios públicos, los próximos coordinadores estatales estarán sujetos a la normatividad actual que prohíbe y castiga el uso de recursos públicos para hacer proselitismo político, utilizar la imagen personal para la promoción partidista o realizar actos anticipados de campaña, además de la rendición de cuentas y transparencia que exige la legislación anticorrupción vigente.

Agregó que las repercusiones políticas de los próximos “coordinadores estatales de desarrollo” –con sus respectivos coordinadores regionales–, hay que buscarlas en otro nivel: en los 2 180 millones de pesos que se habrán de liberar anualmente para destinarlo a gasto social, al eliminar 4 600 delegados y subdelegados, y en el hecho de que un único representante federal no sólo mejora la comunicación y la coordinación con las entidades, sino que también facilita las funciones de observación y contrapeso a los poderes locales que son inherentes a un federalismo democrático.

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