La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados declaró la constitucionalidad de la extinción de dominio durante la sesión de este jueves, por lo que el Estado podrá adjudicarse bienes y activos asegurados al crimen organizado y a entes culpables de enriquecimiento a través de actividades ilícitas.
Tras aplicar una reforma al Artículo 22 y a la fracción XXX del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), la Cámara baja estará calificada para aplicar la práctica legal. Roberto Antonio Rubio Montejo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), anotó:
“El Estado emprende esfuerzos para enfrentar al crimen, hasta ahora insuficientes, por lo urgen mecanismos para contener a la delincuencia organizada”.
Legisladores arguyen que la extinción de dominio surge de una sinergia que busca garantizar el derecho a contar con diversos mecanismos adecuados para defender la procedencia patrimonial, además que asientan bases que combatan corrupción e impunidad que flagela a la sociedad mexicana.
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